Fuero militar: Génesis, naturaleza, evolución y competencia (I PARTE)

Fuero militar: Génesis, naturaleza, evolución y competencia (I PARTE)

Se entiende como Fuero Militar, la jurisdicción facultad o potestad autónoma y exclusiva que tienen las Fuerzas Armadas para juzgar por ante los tribunales militares a sus miembros por faltas o delitos que cometan en actos o hechos del servicio militar conforme a las leyes que las rigen. Es sinónimo de Jurisdicción Penal Militar y de ella nace la justicia castrense, de estirpe española, institución muy antigua que se remonta a las legiones romanas.

ANTECEDENTES
Carlos III, gran reformador de las instituciones militares, promulgó el Decreto Real el 9 de febrero de 1793 estableciendo el Fuero Militar en los Ejércitos de España y Ultramar, consistente en el juzgamiento en estos tribunales los delitos cometidos por militares. Con el tiempo, el componente jurídico era el mismo que se empleaba en la justicia ordinaria y comenzó a diferenciarse dada la excepcionabilidad de los actos punibles.

En el año 1813 surge la promulgación de un Código Penal Militar a través del cual se fijan penas para los delitos de deserción y otros, luego con la Ley No.2 del 1842, se limita el juzgamiento solo para estos delitos militares, instituyendo dicha ley la constitución de los Consejos de Guerra como organismos jurisdiccionales encargados del juzgamiento de los militares.

Es así como desde entonces ya se pensaba en el principio del Juez Natural, como la garantía que tiene toda persona a ser juzgada por un tribunal constituido con anterioridad a la ocurrencia del hecho delictual, en el caso de especie, eran los hechos que constituían infracciones que devenían en delitos militares.

En la República Dominicana el Fuero Militar o Jurisdicción Penal Militar se origina con la entonces naciente República Dominicana, cuando al entrar en vigencia la Constitución del 6 de noviembre del año 1844, fueron creados los Consejos de Guerra y por primera vez en el país, se cuenta con el Fuero Especial Militar, para juzgar crímenes y delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, tipificados en el Código de Justicia militar creado en el artículo 211 de la citada Constitución.

Siguiendo los estatuidos por la anterior Constitución, dispuso igual forma en su artículo 63, sobre el Poder Judicial consagrando los Tribunales de la República y reconociendo además aquellos creados por la Ley; también legitimó a los Consejos de Guerra, creados por la Ley No. 3483 del 13 de febrero del año 1953 (Código de Justicia de las Fuerzas Armadas).

Tribunal Militar o Consejo de Guerra

Es un tribunal de justicia militar compuesto por oficiales de las Fuerzas Armadas que solamente conoce sobre la Acción Penal, de ahí su característica de Tribunal de Excepción, que se ocupa de las causas de Jurisdicción Penal Militar. En otro orden, se definen como aquellos tribunales de excepción que solo conocen de determinada materia, asignada por la ley. Estos tribunales de justicia militar en la República Dominicana se inician con la entrada en vigencia del Decreto fechado el 18 de enero del año 1845, mediante el cual fueron creadas jurisdicciones especiales.

Dicho Decreto dispone la formación de cuatro comisiones militares para juzgar hechos que atentaran contra la paz pública, localizadas en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y Azua, cada una compuesta por siete (7) militares, presidida por un Coronel y un Capitán quien fungieron como Juez y Fiscal.

Las comisiones exclusivamente conocieron y juzgaron una serie de atentados considerados por el Decreto como Trastornadores a la estabilidad del país, cometidos tanto por civiles como por militares que incluían: El espionaje a favor del enemigo y el tener algún concierto con él; la circulación de pasquines y anónimos difamatorios, cartas y papeles “sediciosos”; la divulgación de noticias que intranquilizaran la opinión pública; toda divulgación que inspirare la idea de que la esclavitud restablecida en el territorio nacional; toda crítica al gobierno o a la religión; las conspiraciones tentativas de derribar al gobierno o a la religión; y la tentativa de fomentar la sedición o la guerra civil.

Como se advertirá, en esta lista se incluían tanto delitos comunes como políticos, y hasta hechos u opiniones que pudieron considerarse negativos para el gobierno. En el mismo Decreto se estableció la vigilancia de una Alta Policía para la investigación de los delitos previstos en el mismo, y para el arresto de los sospechosos y su conducción ante esas Comisiones Militares.

Dicho Decreto fue posteriormente derogado en el año 1846, quedando aquellos casos pendientes a la jurisdicción de tribunales ordinarios; medida ésta que fue explicada a los ciudadanos, señalando que ya estaban en vigor el Código de Justicia Militar y el Penal, bajo cuyas disposiciones se castigarían en lo adelante, los delitos que el Decreto de 1845 había puesto a cargo de las Comisiones Militares.

Es de ahí que resulta de vital importancia advertir la diferencia existente entre Comisiones Especiales Militares y Tribunales Militares o Consejo de Guerra, temas estos que serán ampliados en una próxima entrega.

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